OPORTUNO COMUNICADO EPISCOPAL

Aborto: de las palabras a la acción

Bajo el título “Salvemos a los dos”, un comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) emitido el día 14 de noviembre, notable por su claridad y contundencia, salió al paso de maniobras de congresistas que, mancomunados con lobbies abortistas, montaron una ficción de audiencias sobre el aborto en caso de violación, en las que sólo fueron oídos “expertos” de las ONGs abortistas y se ignoró la opinión abrumadoramente antiaborto de la mayoría del País.

Una enseñanza concluyente

El texto señala que, habiendo la Comisión de Constitución del Congreso Nacional iniciado el examen de propuestas para despenalizar el aborto en tres casos –violación sexual, inseminación artificial y transferencia de óvulos no consentida–, los Obispos consideran su deber asumir, una vez, más la “defensa de quien tiene derecho a nacer: el concebido no nacido”.

Reiteran que el pecado de violación es severamente condenado por la Iglesia. Pues además de ser una grave ofensa a Dios, atenta contra la integridad física y moral de las víctimas, pudiendo dejarles secuelas de “grave daño” para toda la vida.

Y si de ese delito resulta una gestación, los obispos advierten que se trata de un nuevo ser humano cuyo derecho a vivir debe ser protegido. Recuerdan en tal sentido lo que señala el Catecismo de la Iglesia Católica (§ 2271): “El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral”.

El hecho de que una fecundación haya sido fruto de estupro, dicen los Obispos, “no cambia en nada” esta doctrina, que por lo demás se corresponde estrictamente —agregamos nosotros— con el V Mandamiento de la Ley de Dios, No matarás.

La posición de la Iglesia en el caso, recordada en el texto episcopal, es sumamente equilibrada: Ella “condena con fuerza toda forma de violación” pero también “defiende ... que nunca es legítimo matar al hijo concebido, ni siquiera en las condenables y brutales circunstancias de una violación”. Pues tal pecado deja “dos víctimas: la madre (la mujer violada) y el hijo”. Y por cierto “no es al niño inocente al que hay que castigar matándolo”, ¡sino al autor de la violación!

Por otro lado, agrega, obligar a la mujer violada a abortar equivale a someterla “a un doble trauma o daño físico, psicológico y espiritual: la violación y el aborto”, así como exponerla a los efectos patológicos conocidos como “síndrome post-aborto”. Por eso los Obispos exaltan a aquellas mujeres que habiendo sufrido violación quedaron embarazadas y “sabia y valientemente eligieron mantener la vida de su hijo”.

En el terreno jurídico, el comunicado puntualiza que legalizar el aborto por violación vulnera el derecho y es anticonstitucional. Y además podrá prestarse a todo tipo de fraudes, mediante los cuales cualquier gestante pueda abortar: “prácticamente cualquier unión, incluso consensual, podría ser presentada como contraria a la voluntad de la mujer y, por tanto, como una violación”.

El texto episcopal alude después a los autodenominados “expertos” de ONGs abortistas, invitados por el Congreso a opinar, “que defienden el aborto como un derecho y persiguen no sólo ... su despenalización por violación sino la aprobación en el Perú del aborto libre”. Por eso invoca al Legislativo, en términos categóricos, a que “invite también a este debate a la Iglesia y a las instituciones a favor de la vida; de este modo, el mencionado debate sería objetivo y representativo de toda la sociedad peruana y no de unos cuantos pro abortistas radicales”.

Finalmente los Obispos del Perú recuerdan que este intento de despenalizar el aborto por violación “no es más que un nuevo paso en la búsqueda del aborto sin restricciones”, iniciada con la aprobación de la Guía Técnica de Aborto Terapéutico en junio pasado [1].

La hora de la acción

La advertencia de que estamos frente a “un nuevo paso” hacia el aborto libre, sirviéndose de casos de violación como pretexto, es sumamente oportuna. Porque hace ver que, al igual que la “unión civil” homosexual, la actual ofensiva abortista es un proceso por etapas, cada una de las cuales esconde su fin último, que es llegar al aborto sin restricciones.

Ese proceso se encaja en un movimiento de mayor amplitud, la revolución cultural iniciada en los años ’60, que es la etapa más reciente del gran proceso revolucionario de Occidente, descrito por Plinio Corrêa de Oliveira en su clásico ensayo Revolución y Contra-Revolución.

La llamada revolución sexual es hoy la punta de lanza de esa revolución cultural. Y ya nos aproxima de su meta última, que es acabar con todo vestigio de civilización cristiana y hasta de cualquier orden terreno digno de ese nombre, suplantados por el caos revolucionario.

Cabe esperar, por eso, que el oportuno comunicado de la CEP (que ya logró su primer objetivo: el Congreso accedió a oír a representantes de la mayoría católica y antiaborto) sea seguido de otras acciones concretas, para alertar y movilizar a la mayoría católica del país y contrarrestar ese peligro.

Por más claras que sean, las buenas palabras no bastarán para ese fin si no fueren acompañadas de acciones concretas: “la fe sin obras es muerta”, enseña la Escritura (Sant. 2, 21 y 26). Pues además de propagar sus sofismas, los sectarios pro aborto conspiran sin descanso, día y noche.

Una actuación firme y articulada de las autoridades eclesiásticas a todo nivel –del púlpito a los poderes constituidos, de los medios de comunicación a la plaza pública, de los movimientos de Iglesia a los actores políticos– que incluya alertar y movilizar a los fieles, es el complemento indispensable del comunicado episcopal, y tendrá todas las condiciones de contrarrestar con éxito la ofensiva abortista.











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