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A PROPÓSITO DEL CONTROVERTIDO “INFORME FINAL” DE LA CVR

Conclusiones parcializadas, afán punitivo a ultranza, y un gran olvidado: el bien común

Martes 28 de octubre de 2003

Un resumen de este manifiesto fue publicado en el diario “Correo”, a página completa, en la edición nacional del 10 de octubre de 2003, pag. 5.

«Périsse l’Univers, pourvu que je me venge»
(«Perezca el Universo, con tal que yo me vengue»)
Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655), “La Mort d’Agripine”, IV, 3.

La difusión, hace algunas semanas, del llamado “Informe Final” expedido por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sobre los años del terrorismo en el Perú ha causado honda conmoción pública, levantando de inmediato fuertes objeciones que, con el paso de las semanas, lejos de disminuir han ido creciendo en peso y contundencia, a medida que quedaban al descubierto sus carencias y su parcialidad.

Un reabrir de heridas que desconcierta al país

Han transcurrido poco más de dos décadas desde que el Perú comenzara a ser asolado por un ataque comuno-terrorista – cuya saña y perversidad genocida exceden a todo calificativo – y casi una década desde que la subversión fuera, en lo esencial, derrotada por las fuerzas del orden.

Es un pasado demasiado reciente para que las heridas entonces abiertas – tanto por la agresión terrorista, como por actos ilícitos cometidos en defensa del orden constituido – cicatrizasen del todo; y por ello, quien verdaderamente desea la paz social debe actuar con mucho tacto al abordar ese infausto capítulo de la vida nacional.

Sin embargo, precisamente cuando la Nación ingresa al nuevo milenio, ansiando por nuevos horizontes de orden y paz, de estabilidad y grandeza, irrumpe el informe de la CVR, cuyo efecto inmediato ha sido abrir, no las vías de concordia y armonía que el país anhela, sino las heridas que se iban cerrando, al reavivar una discusión sobre los excesos en la represión tan injusta como inoportuna.

¿Quién fue el principal responsable de la escalada terrorista?

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El atentado contra los Húsares de Junín, pavoroso ejemplo de la saña genocida de Sendero Luminoso

En efecto, en sus “Conclusiones” el Informe reclama para las víctimas de la violencia una reparación, de la cual una “parte esencial” sea el “ejercicio efectivo de la justicia”, incluyendo en ésta “el justo castigo a los perpetradores y el consiguiente fin de la impunidad” (N° 168).

Ahora bien, si de reparación se trata, lo primero que es preciso recordar –y es lo que se ha dicho de forma absurdamente genérica, y por tanto injusta– es que la enorme y chocante impunidad de que el terrorismo gozó durante más de una década (1980-1992) se debió no sólo a que el Estado se abstuvo de reprimirlo debidamente [1], sino también a que numerosos eclesiásticos y políticos lo trataron con una indulgencia incomprensible, cuando no lo aplaudieron directamente, y a que importantes órganos de prensa –los mismos que hoy apoyan incondicionalmente a la CVR– se mostraron átonos ante él.

El Informe no señala debidamente, por ejemplo, que cuando el senderismo inició su escalada criminal, el Gobierno de entonces llevó su incuria al extremo de afirmar que se trataba de simples “abigeos”, a pesar de saber perfectamente que eran terroristas; que en muchos casos, cuando uno de esos criminales era apresado, poco tardaba en ser liberado por autoridades cómplices; que numerosos sacerdotes y hasta obispos apoyaron al marxismo, exaltando la violencia revolucionaria que éste inspiraba; que ciertos medios de prensa – sobre todo un importante diario de la Capital – publicaban habitualmente las noticias de las masacres en los Andes con menos realce que el que daba a materias absolutamente irrelevantes, etc. (el Informe alude a este papel de los medios, pero sin mostrar debidamente ni su gravedad intrínseca, ni lo pernicioso de sus efectos).

Esta impunidad inicial, fruto de gravísimas omisiones y complicidades por las cuales los poderosos de entonces deberán prestar cuentas ante Dios y la Historia, permitió que las marañas terroristas se enquistasen y expandiesen clandestinamente en las clases pobres, en los claustros universitarios, en los sindicatos, en las periferias urbanas, en la sierra y en la selva, llegando a realizar, sin ser importunados, desfiles desafiantes a metros de la Casa de Pizarro, y recibiendo del gobernante de turno el elogio desconcertante de “jóvenes idealistas”.

Con tan prolongada indulgencia ante el terrorismo, ¿se podría pretender después que bastase un combate sumario y lleno de miramientos humanitarios hacia un adversario inhumano, cruel hasta lo inimaginable, para desarticularle sus vastas redes, capturar sus ideólogos, jefes y activistas y acabar con sus crímenes salvajes, sin cometer errores ni caer en excesos, confusiones o exageraciones?

La principal causa de que ocurrieran excesos en la represión ha sido, pues, que esta comenzó muy tarde, debido a que el poder público exhibió ante la ofensiva marxista-terrorista “la inoperancia de un psico-paralítico”  [2]; y de esa manera, lo que de inicio habría sido fácil combatir, después fue muy arduo derrotar, pues eran muchos los cómplices y protectores y muchísimos los intimidados. Omitiendo estas verdades fundamentales y exagerando con discutible sustento el número de víctimas, lo que se insinúa de forma injusta es que miembros de las Fuerzas Armadas y en el fondo las instituciones mismas serían culpables de crímenes de terrorismo de Estado, lo cual tiende a llevarlas al banquillo de los acusados.

El vigoroso alerta que no faltó

En ese silencio e inercia lamentables, una voz se hizo oír repetidas veces en los años más candentes del terrorismo, denunciando con valentía la indolencia que tantos perjuicios nos trajo y de la que tanto se demoró en salir: el Núcleo Peruano Tradición Familia Propiedad (TFP), de cuya actuación a favor de la civilización cristiana nos honramos en ser los continuadores.

Especial resonancia tuvieron, en ese período, los manifiestos de TFP publicados por la prensa y difundidos simultáneamente en campañas en la vía pública, incluso exponiendo a los participantes de éstas a represalias terroristas. Denunciando a la minoría marxista que pretendía imponer medidas contrarias a los principios de la civilización cristiana (1983) [3]; pasando revista al proceso de descristianización sufrido por el país, que la dictadura socialista llevó a extremos abismales [4]; advirtiendo en publicaciones sucesivas sobre la incompatibilidad de la doctrina católica con el proyecto presidencial de estatizar la banca, finanzas y seguros [5]; alentando el surgimiento de nuevos liderazgos al margen la política partidista [6]; interpelando, tras la caída del Muro de Berlín, a los responsables por la mayor hecatombe sociopolítica de la Historia, el comunismo [7]; solicitando a los candidatos presidenciales definiciones sobre puntos de su ideario y programa de acción en función de la doctrina católica [8]; señalando el deber de batallar contra el caos revolucionario, [9] etc., estos documentos constituyeron una importante contribución para deshacer la confusión y fortalecer la lucidez y la coherencia de la opinión pública en momentos cruciales.

Una controversia malsana y contraproducente

En contraste con los elogios iniciales, tan estridentes como fútiles, que el Informe recibió del mundo oficial y la prensa adicta, la fuerte reacción contraria en la opinión pública muestra que el verdadero Perú ve claramente que una reivindicación de justicia planteada así, nada aporta a la pacificación de los espíritus ni a la consolidación de la tranquilidad que arduamente se ha recuperado. En vez de obtener la verdad y la reconciliación, proclamando una falacia se propicia una nueva confrontación.

Se diría que los autores del Informe no previeron que, con el país inmerso en una profunda y devastadora crisis moral, de constante y notoria repercusión en la vida política, tal reivindicación puede ser fácilmente exacerbada por factores pasionales como el odio, el resentimiento y el espíritu de venganza, lo que la haría desbordarse peligrosamente de su cauce natural – el deslinde de responsabilidades penales – para convertirse en una campaña dirigida a desacreditar y quebrar a nuestras meritorias Fuerzas Armadas.

El “Informe Final” genera así una controversia malsana y contraproducente, pues atiza animosidades sobreexcitadas, algunas patentes, otras disimuladas, lo que no corresponde a las aspiraciones profundas de la opinión pública: la "justicia" que el documento exige, al contrario de las intenciones que alega, no abrirá camino a la reconciliación sino que ahondará disensiones, porque sus autores ignoraron las raíces del mal que presumen combatir.

La justicia extrema, máxima injusticia

Al hablar de justicia no puede ignorarse, además, el principio resumido en el adagio Summum jus, summa injuria – “la justicia extrema es la máxima injusticia” [10]. No es justo ni sabio satisfacer un prurito de justicia hacia algunos, si con ello se perjudica el bien de todos. En este caso, exigir una justicia extrema contra los defensores del orden exasperará ánimos y atizará pasiones, los cuales, además de impedir la búsqueda de la concordia nacional en torno de los grandes ideales que deben unirnos, mantendrán a la sociedad en un estado de conflicto latente, endémico, que cualquier chispa podría reencender.

No ofende a la justicia, ni es contrario al pensamiento de la Iglesia, dejar impunes en ciertas ocasiones eventuales delitos. Es lo que enseña la doctrina católica, expuesta magistralmente por León XIII, al señalar que la Iglesia “no se opone... a la tolerancia por parte de los poderes públicos de algunas situaciones contrarias a la verdad y a la justicia, para evitar un mal mayor o para adquirir o conservar un mayor bien” [11]. En este caso el mal mayor que debe evitarse es que se perpetúen las animosidades y revanchismos inútiles y desestabilizadores, y el bien mayor que se debe alcanzar es la consolidación de la paz interna.

De esta forma se practica la equidad, virtud adjunta a la justicia que Santo Tomás de Aquino define como una “regla superior de los actos humanos” [12] y que se ejercita “en cosas no comunes y extraordinarias”, cuando el cumplimiento literal de la ley en casos no previstos por el legislador pueda causar “perjuicios graves, sea al individuo o la comunidad para la cual fue dada”. En tales casos, aplicar la ley de manera irrestricta constituye una trasgresión moral, un “pecado contra la equidad y contra la justicia” [13].

En una perspectiva más amplia, León XIII agrega que “no pudiendo la autoridad humana impedir todos los males, debe permitir y dejar impunes muchas cosas que son, sin embargo, castigadas justamente por la Divina Providencia” [14].

Lamentablemente esta juiciosa enseñanza, que por lo demás corresponde a un elemental sentido común, no parece haber sido entendida por la CVR, cuyo presidente se apresuró a exigir que se inicien procesos penales sobre ciertos hechos de la lucha antiterrorista; y esto fue seguido – en una cadencia muy parecida a los sketches de una pieza teatral previamente calculada – por la apresurada entrega al Ministerio Público de varias decenas de expedientes y del envío de múltiples cartas notariales vejatorias a militares que participaron en la represión anti-terrorista.

Llama la atención, por otro lado, la ruidosa y teatral publicidad que se dio al “Informe”, incluyendo aparatosas escenificaciones como la ocurrida en Huamanga, sobre todo en contraste con investigaciones similares desarrolladas por otras instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Mindes (esta última recientemente concluida) [15], las cuales mantienen la necesaria discreción y mesura “por respeto a las personas que prestaron sus testimonios o han brindado su colaboración” [16].

Conclusiones impregnadas de parcialidad ideológica

No puede extrañar el afán enjuiciador de la CVR, puesto que sus integrantes han sido en su mayoría –cosa que sí extraña bastante– oriundos de la izquierda marxista y de la versión religiosa de ésta, la “teología de la liberación”, tantas veces indulgentes hacia el terrorismo que la Ley divina y las leyes humanas mandan rechazar.

Jugando con las palabras...

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Foto: revista “Caretas”
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Un verdadero mártir: el digno sacerdote ayacuchano P. Víctor Acuña Cárdenas, asesinado a mansalva por SL mientras celebraba la Santa Misa

 

 

 

 

 

La CVR calificó impropiamente de “mártires” a periodistas muertos en Uchuruccay (foto izquierda), por haberse expuesto temerariamente –según los testimonios más fidedignos– a que los campesinos los confundieran con senderistas.

Mas no reconoce como tales a los verdaderos mártires: los Sacerdotes, religiosos y fieles de ambos sexos, asesinados en odium fidei por Sendero Luminoso.

Si la CVR pretendía rescatar la verdad, ¿por qué trastrocó así los conceptos?

Esto hacía prever las conclusiones parcializadas a que la CVR llega, impregnadas de prejuicios ideológicos, y por eso mismo totalmente cuestionables: en el abordaje de los problemas sociales desde una perspectiva igualitaria (N°s. 6, 32, 136); en la parcialidad a favor de las ONGs en general y de una de ellas en concreto (N°s. 145-148); en la presunción implícita de que el terrorismo genocida sería una fuerza beligerante según los convenios de Ginebra (N°s. 28, 34), pese a ser evidente que no lo es en absoluto; en la crítica curiosamente detallista a la estrategia usada por los grupos políticos de izquierda – sobre todo la Izquierda Unida – ante la violencia, que bien analizada más parece una “autocrítica” al estilo leninista (N°s. 105-113, 136); en las deformaciones semánticas que adulteran el sentido de ciertas palabras, como cuando llama “mártires” a los periodistas muertos por campesinos de Uchuraccay (único caso en que la CVR emplea ese calificativo, sin dárselo en ningún momento a los verdaderos mártires, que son los numerosos Sacerdotes y fieles católicos muertos por el terrorismo in odium fidei - N° 149); o cuando encubre a ciertas ONGs refiriendo que en los años 80 éstas “zanjaron” con las organizaciones de fachada del terrorismo (N° 146), en vez de usar la palabra adecuada: complicidad; etc.

La parcialidad de la CVR se revela sobre todo en el ataque gratuito, liviano y groseramente injurioso que lanza contra prelados de la Iglesia Católica (N° 142) cuya labor pastoral la extrema izquierda impugna acerbamente.

Ya resulta desconcertante que simples laicos –algunos de los cuales ni siquiera son católicos practicantes– pretendan emitir juicio en materia de naturaleza puramente eclesiástica, como lo es la acción pastoral. Pero desconcierta más aún que los autores del Informe, tan afanados en recoger miles de testimonios por todo el país, sin embargo, ¡ni siquiera se dignaron oír a los Obispos cuya actuación cuestionan! Con ello han violado la más primaria norma de equidad jurídica, audiatur et altera pars – “sea oída también la otra parte”.

De los prelados así relegados solamente uno, el anterior Obispo de Ayacucho –hoy Arzobispo de Lima y Cardenal Primado del Perú– recibió una solicitud de entrevista de la CVR, pero... ¡tres días antes de la publicación del informe! Es decir, cuando éste estaba prácticamente concluido. O sea, vejamen sobre vejamen.

Salta a la vista lo que este procedimiento tiene de grosero e inicuo, y más aún al ser empleado contra la más alta investidura de la Iglesia Católica en el país. Es un hecho simplemente inexcusable, y descalifica a priori el injurioso cuestionamiento. Sin embargo, interpelado sobre esa torpeza verdaderamente asombrosa, el presidente de la CVR procuró minimizarla y eludir su responsabilidad, aduciendo que se trató de un mero desliz: “nos equivocamos” [17], y excusándose de presentar disculpas a la altura. Esto es simplemente inadmisible; tanto más que, existiendo una relación institucional entre el Arzobispo de Lima y el presidente de la CVR, que son respectivamente Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica y Rector de la misma, ¿puede creerse que este último no haya tenido oportunidad de entrevistar al primero, antes de admitir inculpaciones contra él?

En verdad, la acusación a esas Autoridades eclesiásticas sin haberlas oído sólo tiene una explicación: fue deliberada. Y muestra claramente que la CVR empleó en el caso dos pesos y dos medidas, escuchando a testigos que le convenía y excluyendo a los que no le convenía, exigiendo para algunos una justicia que ella niega a otros. Lo cual vale como muestra del género de “investigación” desarrollada: es decir, falseada de antemano, tendenciosa, y en definitiva inválida.

La inconsistencia y torpeza de todo esto realmente asombra, trayendo a la mente el lamento del Salmista: Infixus sum in limo profundi, et non est substantia (“Estoy inmerso en un lodazal profundo, y no hay substancia”... – Sal. 68, 3).

Este no fue el único caso. Los testimonios de otros testigos llave del genocidio senderista, como los integrantes de los Comités de Autodefensa, fueron igualmente descartados por la CVR..

El árbol y el fruto...

EXTRAÑAMENTE, la mayoría de los miembros de la CVR provenían de la izquierda marxista,como de la también marxista “teología de la liberación”.

Por ejemplo, el comisionado Rolando Ames fue dirigente y senador de la Izquierda Unida, característico “frente unido” marxista que en los años 80 propiciaba oficialmente el diálogo con Sendero Luminoso, mientras éste desangraba impunemente el país.

A su vez el P. Gastón Garatea, prototipo del “teólogo de la liberación”, fue dirigente del ONIS (Oficina Nacional de Información Social), que en los años 70 era “uno de los movimientos de sacerdotes de avanzada más conocidos de América Latina, junto con el grupo «Golconda» en Colombia o los Sacerdotes para el Tercer Mundo en Argentina” (como se recuerda, de esos dos grupos surgieron los tristemente famosos “curas guerrilleros” Camilo Torres y Domingo Laín en Colombia, y Carlos Mujica y Antonio Puigjané en Argentina). El ONIS se caracterizaba, dice un estudioso, por la nada sacerdotal “pretensión de comprender los grandes problemas socio-políticos mejor que los expertos y de ser los verdaderos intérpretes del sentir de las masas populares, y una actitud de desafío frente a la autoridad, que, en este caso, era la jerarquía eclesiástica” (P. JEFFREY KLAIBER S.J., La Iglesia en el Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1988. pp. 381-383).

Con tales elementos entre sus miembros, ¿cómo puede sorprender la parcialidad de muchas “Conclusiones” de la CVR?

Las cifras de víctimas, un “wishful thinking”

Lo mismo puede decirse de las cifras que la CVR presenta sobre víctimas de la violencia, las cuales duplican gratuitamente las presentadas por entidades públicas y privadas a lo largo de los últimos años (69 mil contra 28 a 35 mil), sólo con base en meras proyecciones especulativas, siendo así perfectamente cuestionables [18].

En este caso la CVR usa el método de aumentar de modo puramente conjetural la cifra de víctimas y, con base en ésta, aumentar paralela y desmesuradamente el número de muertos atribuibles a las Fuerzas Armadas, con el claro propósito de hacer aparecer a éstas como masacradoras de civiles inocentes. La tendenciosidad de tal estimación es evidente, y se suma a serias deficiencias de método: por ejemplo, no se identifica a los presuntos desaparecidos; no se examina cuántos de éstos –suponiendo que fueran reales– serían personas que prefirieron irse a vivir ocultamente en otras partes a fin de huir de venganzas, represalias, etc. Lo cual lleva a cualquier estudioso del asunto a concluir que dichas cifras carecen de asidero científico, y no pasan de un wishful thinking.

Irresponsabilidad y desconsideración hacia el bien común

Si este reabrir de heridas a propósito de la lucha contra-subversiva asombra por lo unilateral, desconcierta más aún por haberse producido en un momento tan delicado como el que vive el país, cuando, junto a una institucionalidad aún débil, se verifica un resurgimiento del terrorismo senderista en varios rincones de nuestro territorio.

Éste sería el momento de crear una atmósfera de renovada comprensión y aprecio por las Fuerzas Armadas, encargándoles de extinguir los brotes terroristas antes que desaten un gran incendio nacional, y concitando hacia esa lucha el apoyo unánime del país. Sin embargo, vemos lo contrario: se explota publicitariamente el Informe, escamoteando la realidad e invirtiendo los papeles: a quienes defendieron la sociedad agredida se los muestra como represores, mientras a los subversivos se los presenta casi como inocentes “equivocados”, e idealistas dignos de benevolencia y conmiseración; pues en la perspectiva marxista el “idealismo” sólo existe en los demoledores del orden constituido, nunca en sus defensores.

Y esto ocurre justamente cuando arrecia una campaña internacional revolucionaria para desmoralizar y debilitar las instituciones militares de los países americanos, como paso previo a la revancha de nuevas aventuras subversivas [19], lo que impone preguntarse si hay nexos entre ambas orquestaciones, la nacional y la internacional.

En suma, es una irresponsabilidad y una grave desconsideración hacia el bien común desatar una controversia que nuestra sociedad de ningún modo desea reabrir, en momentos en que la frágil institucionalidad del país busca consolidarse.

Actuar con sabiduría, cordura y equidad

Así, tras la publicación de este “Informe” tan extemporáneo como errado, en el cual el gran olvidado es el bien común, Tradición y Acción por un Perú Mayor, actuando en defensa de la Tradición católica, de la Familia cristiana y de la Propiedad privada en nuestra Patria, hace un llamado a todos los peruanos, para que en esta hora sepamos actuar con cordura, equidad y sabiduría, teniendo sobre todo en vista que:

a) Hay un bien mayor en juego, que es también un componente esencial del bien común: la concordia y estabilidad de la Nación;

b) Si para alcanzar ese bien mayor se sacrifica un bien menor – la clarificación de prácticas ilícitas durante un estado de conmoción interna – tal sacrificio no sólo es razonable sino justo y conveniente, constituyendo en determinados casos una necesidad y hasta un deber. Lo que no es así cuando se sacrifica un bien mayor para obtener uno menor.

Por ejemplo, ciertos hechos moralmente censurables cometidos en guerras justas – como en la de 1939-1945 contra el nazismo – fueron mantenidos en secreto durante varias décadas por los Estados que los practicaron, para sólo ser revelados cuando el paso del tiempo permitiera juzgarlos sin pasión en una perspectiva histórica, y cuando la revelación ya no lesionara intereses vitales del respectivo Estado.

En el caso en vista, el bien mayor supone la tranquilidad pública, como la anhela la sociedad peruana. Defraudar ese deseo por un afán punitivo particular sería no sólo mezquino e injusto, sino imprudente: en una época conturbada como la nuestra, quien, sin más, revive conflictos aún latentes, marcados por agrias discordias y animosidades profundas, está jugando con fuego. Pues resulta obvio que la controversia generada por el Informe excita pasiones – como ya está ocurriendo – e incluso las sobreexcita; y de la pasión sobreexcitada a la reincidencia en actitudes violentas, contrarias a las leyes de Dios y de los hombres, hay sólo un paso.

Tradición y Acción por un Perú Mayor espera que estas consideraciones contribuyan a ordenar, serenar y elevar la peligrosa controversia en curso, notoriamente miope y agitada. Y ruega a la Santísima Virgen del Rosario, Patrona del Perú, que a todos conceda lucidez, cordura y responsabilidad, para que nuestra sociedad sea preservada de la desestabilización revolucionaria que aflige cada vez más al mundo contemporáneo.

Lima, 29 de septiembre de 2003, Fiesta de San Miguel Arcángel

TRADICIÓN Y ACCIÓN POR UN PERÚ MAYOR

Vea también: Emerge la verdad sobre la "Comisión de la Verdad"

[1El Informe alude en sus “Conclusiones Generales” a esta omisión del Estado, pero de manera totalmente insuficiente: pues de un lado omite señalar que la desidia de los Poderes constituidos no fue solamente una causa del crecimiento del terrorismo, sino la principal y la más grave de todas; y además, diluye en atenuantes la pesada responsabilidad que le cabe a los gobiernos de entonces en la escalada terrorista (cfr.N°s. 38, 70, 79-80, 89-90).

[2Cfr. Núcleo Peruano Tradición Familia Propiedad, manifiesto El Perú: la historia del encarcelado..., “El Comercio”, 30-8-84; “Expreso”, 26-9-84.

[3Reflexiones sobre la última contienda electoral, “El Comercio”, 3-12-83; “Correo”, 4-12-83; “Expreso”, 19-12-83.

[4El Perú: la historia del encarcelado en torno de quien se reconstruyen las paredes de la prisión, “El Comercio”, 30-8-84; “Expreso”, 26-9-84.

[5Franca y respetuosa exposición de la realidad peruana... “El Comercio” y “Expreso”, 3-9-87; “Correo”, 6-9-87; “El Sol”, 19-9-87; 2 Obispos y 129 Sacerdotes adhieren a la carta de la TFP al Presidente..., “El Comercio” y “Expreso”, 4-9-87, “Correo”, 7-9-87; Director de la TFP recibe esclarecedora carta del Excmo. Obispo de Tacna... , “El Comercio” y “Expreso”, 1-10-87, “Correo”, 3-10-87.

[6“El Comercio”, 24-6-89; “Expreso”, 29-6-89.

[7“Expreso”, 16-4-90.

[8Carta Abierta al candidato a la Presidencia Don Alberto Fujimori – La índole del régimen democrático pide que cada candidato defina públicamente sus principios, proyectos y criterios de acción, “El Comercio” 3-6-90, “El Pueblo” 8-6-90; Carta Abierta al candidato a la Presidencia Don Mario Vargas Llosa - La Modernidad de ayer –el comunismo– es el arcaísmo de hoy. ¿En qué consiste la modernidad de hoy que Ud. quiere para el Perú?, idem, ibid..

[9La disyuntiva actual del Perú: combatir el caos o dejarse penetrar por él, “Tradición Familia Propiedad”, N° 15-A, octubre 1992.

[10Cicerón, De Officiis I, 10. 36.

[11León XIII, Encíclica Libertas Praestantissimum, IV, La Tolerancia, BAC, Documentos Políticos, Madrid, 1958, p. 253.

[12Afirma al respecto Santo Tomás de Aquino: “Por ser los actos humanos, sobre quienes recaen las leyes, singulares y contingentes, a la vez que variables en sus infinitos modos, no es posible instituir una ley absolutamente universal. Los legisladores atienden para establecer sus leyes a los datos ordinarios, por lo cual puede suceder que alguna vez se equivoquen y atenten contra la justicia y el bien común, cuyo fomento intenta precisamente la ley. Así, por ejemplo, la ley manda devolver lo ajeno, lo cual de ordinario es justo. Puede, sin embargo, ser perjudicial en algún caso concreto, a saber, devolver el puñal que abandonó un demente cuando le da un ataque de ira o también devolver a un traidor el capital que exige para seguir impugnando a su patria. En tales circunstancias es pernicioso lo establecido por la ley, y es conveniente seguir, por encima de la letra, lo que dicta la razón justa y el bien común”. Y añade: “La epiqueya [equidad] no pasa por alto lo justo en su noción universal, sino lo justo estalecido en una ley particular. Ni tampoco es opuesta a la severidad, que cumple la ley en su verdadero rigor cuando se debe. En cambio, cumplir la letra de la ley cuando no se debe, es pecado [vitiosum est]” (Santo Tomás de Aquino, S. T., II–II, q. 120; destaques nuestros; ver también q. 51 y art. 6 de la q. 58, y Comentario a la ‘Ética a Nicómaco’ de Aristótels, Cap. V; Suárez, De Legibus, L. VI, cap. 7, n. 8; Báñez, De iure et iustitia, I, 58, a. 8; Compendio Moral Salmanticense , III, V).
Santo Tomás deja claro también que que la aplicación de la equidad o epiqueya por regla general no corresponde a los jueces, sino al gobernante.

[13Beato Francisco Palau y Quer, O.C., Catecismo de las Virtudes, in Escritos, Editorial Monte Carmelo, Burgos, 1997, pg. 318.

[14León XIII, Encíclica Libertas..., idem nota 11.

[15Cfr. Terrorismo senderista causó más víctimas, “Expreso”, 27-8-03.

[16Defensoría hará seguimiento... “El Comercio”, 2-8-03, pg. A4.

[17Cfr. ACI Prensa, 31-8-03 y 2-9-03.

[18El método de “inflar” cifras de víctimas no es nuevo, y a él son muy afectos los difamadores de todos los tiempos. Por ejemplo, el pionero de la leyenda negra antiespañola, el famoso fray Bartolomé de Las Casas, llegó a acusar a los conquistadores ante la Corona española por haber matado supuestamente, sólo en la isla Española (Santo Domingo), a más de tres millones de indígenas. Pero hoy está plenamente comprobado que en el mejor de los casos vivían en dicha isla 200 mil indios, y más probablemente, de acuerdo al renombrado demógrafo Angel Rosemblat, a la llegada de los españoles la población isleña oscilaba entre un mínimo de 50 mil y un máximo de 100 mil habitantes. Por eso, hoy en día Las Casas está enteramente desacreditado ante todos los historiadores serios, que coinciden en considearlo más bien un desequilibrado mental, afectado de una dolencia específica, el “delirio paranoico” (cfr. Alejandro Ezcurra Naón, Cristiandad Auténtica o revolución comuno-tribalista, la gran alterntiva de nuestro tiempo, Ed. Fernando III el Santo, Madrid, 1993, pp. 60-63).

[19Cfr. informe Las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, en la actual coyuntura..., revista “Tradición Familia Propiedad Informa”, Buenos Aires, Número especial 46-47, julio-agosto de 1995, pp. 2-27.



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